LA DEUDA DEL SUR CON EL ESTADO ESPAÑOL: RESPONSABILIDAD E ILEGITIMIDAD



Hace ya una década la campaña que promovió la Consulta Social por la Abolición de la Deuda Externa consiguió el apoyo de más de un millón de personas de todo el Estado español. Ésa fue una experiencia con mayúsculas de democracia participativa, que se llevó a cabo el 12 de marzo del 2000, coincidiendo con unas elecciones generales que ganaría el Partido Popular con mayoría absoluta. Después del éxito de esa movilización distintos miembros de la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE), promotores de dicha Consulta, vimos la necesidad de llevar a cabo un estrecho seguimiento de la política crediticia y de las cancelaciones del Gobierno, así como de los intereses comerciales, económicos y políticos que conllevan todas estas políticas. Es justo en ese momento que nace el Observatorio de la Deuda en la Globalización, con la voluntad de realizar este cometido.

Mucho ha llovido desde entonces. No obstante, dicho seguimiento sigue siendo necesario, para denunciar la falta de coherencia, transparencia y justicia tras la gestión de la deuda externa que realiza el Gobierno español. Por ello, este informe pretende aportar luz al entramado difuso y complejo de la deuda externa que el Estado español reclama a países con menor renta que la suya. Con él intentamos explicar cuál es la situación acreedora del Estado español frente a estos países, así como exponer cuáles son las principales políticas de la Administración española en lo que se refiere a la gestión de esa deuda exigida.
Cabe decir que no ha sido fácil obtener la información necesaria para ello, a pesar de que el Gobierno está obligado por Ley a facilitarla. En efecto, según la Ley 38/2006, de 7 de diciembre, reguladora de la Gestión de la Deuda Externa, el Gobierno debe informar anualmente tanto al Parlamento, vía Comisión Parlamentaria, como a la sociedad civil, mediante el Consejo de Cooperación, acerca de las líneas y estrategias principales en materia de gestión de la deuda externa. No obstante, son frecuentes los retrasos y las carencias en la transparencia de dicha información. De hecho, tan sólo fue en el primer año
de vigencia de dicha Ley que el Gobierno informó a su tiempo debido. Los siguientes años los retrasos son la norma y, en todos los casos, cabe imaginar que el espíritu de la Ley permitiría mayor y mejor información de la que finalmente acaba ofreciendo el Gobierno. Es decir, cabría esperar del Ejecutivo algo más que cumplir con el expediente. Por ello, para podernos hacer una idea lo más completa posible de cuál es la gestión de la deuda externa reclamada por parte del Gobierno español hemos tenido que recurrir a otros informes, como son los Seguimientos del Plan Anual de Cooperación Internacional, que realiza el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, los informes anuales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), que dependen del Ministerio de Economía y Hacienda, así como los Boletines Económicos de la Información Comercial Española del Ministerio de Industria, Turismos y Comercio, y reconstruir, a partir de ellos, el puzzle de la gestión de la deuda externa. En este sentido, sería necesaria una mayor voluntad del Gobierno a la hora de explicar cómo y por qué se llega a la situación acreedora actual, a la vez que una mayor transparencia en cómo se mueven los flujos de deuda de un año para otro.
De la misma manera, y esperamos que este informe contribuya a ello, deseamos que el Gobierno, y los partidos políticos que le dan apoyo, se avengan a auditar el origen de la deuda reclamada, con el fin de conocer si realmente es legítimo y/o legal su cobro. Este reclamo, que hace años viene haciendo buena parte de la sociedad civil española (y también la mundial), se basa no sólo en la necesidad de gestionar la deuda externa de forma más transparente y justa, sino también en la existencia de estudios previos que han demostrado evidencias de ilegitimidad en casos de créditos atorgados por el Gobierno español. En efecto, en algunos casos se ha puesto de manifiesto de manera incuestionable que el uso del dinero prestado no ha beneficiado en nada al desarrollo económico y social de los pueblos a quien supuestamente iba dirigido, y aún así el Gobierno español sigue reclamando el pago de dichos préstamos.

LA DEUDA DEL SUR
CON EL ESTADO ESPAÑOL:
RESPONSABILIDAD
E ILEGITIMIDAD

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